La propuesta es aumentar la pena mínima del artículo 135 a cinco años y además suprimir el texto que hace una diferenciación de la pena en cuanto a la edad de la víctima. Proyectistas argumentan que los mismos daños sufren los niños mayores de diez años, de esta manera la pena máxima sería de quince años, sin las diferenciaciones etarias de las víctimas que establecen que cuando las víctimas sean mayores de diez años solo llegue a doce años la pena máxima.
Otros de los puntos a tratar la regulación respecto a la venta legal de las tierras de comunidades nativas. El proyecto busca sancionar la compra o venta de las tierras de comunidades indígenas.
Así, se prevén penas privativas de libertad de 2 a 5 años para todo aquel que transfiera a un tercero los derechos y acciones pertenecientes a una comunidad indígena en contravención a las restricciones previstas en la Ley ya citada, así como para el que adquiera tales derechos y acciones de manera ilegal.
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