“La combinación de estos tres elementos que han planteado los directores generales han sido fundamentales para declarar estado de emergencia”, explicó Bacigalupo.
Actualmente el país cuenta con una población penitenciaria de 13.071 personas, cuando la capacidad de los centros penitenciarios apenas llega a 6.643, lo que equivale a una superpoblación de 6.248. Este estado de emergencia tendrá una duración de 10 meses y apuntará a reforzar la infraestructura y la seguridad en las cárceles, así como las condiciones en que viven los reclusos.