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No habrá sanción para aquellos que decidan no votar

La Cámara Baja rechazó el Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 118 de la Constitución Nacional y dispone sanciones a quienes faltan al deber del sufragio”, que fuera presentado por el diputado Sergio Rojas (PLRA-Central), por lo que el documento fue remitido al archivo. Esta decisión del pleno se dio en la sesión ordinaria de la institución cumplida el pasado miércoles.

Entre los varios argumentos en pos del rechazo figura la imposibilidad del  Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de ser el órgano perceptor de las multas estipuladas.

La iniciativa pretendía reglamentar el deber del sufragio y fijar una serie de sanciones para el ciudadano que no vote, como el pago de una multa de cinco jornales mínimos (recursos que serían destinados luego al TSJE).

Igualmente, determinaba la suspensión como beneficiario de los programas sociales del Estado, por el término de tres meses, de aquellos que no votan; y la suspensión de la renovación y expedición de documentos de carácter personal para los mismos.

En la argumentación favorable al proyecto, el legislador Sergio Rojas resaltó la importancia que esto tendría para la democracia. “Un alto número de ciudadanos va a votar por incentivos y cada día la situación de votar se va complicando por exigencias indebidas de los ciudadanos; es tiempo de poner un límite y reglamentar esto”, subrayó.

Añadió que tener normas claras exigirá a los partidos políticos contar con mejores candidatos, lo que optimizará la calidad de la política.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), explicó ciertos aspectos que hacen inviable el proyecto desde su óptica y agregó que dentro de la Constitución Nacional, en el apartado de las atribuciones del TSJE, no se estipula que éste sea un órgano recaudador.

Asimismo, resaltó el incremento presupuestario que tendría la institución para la notificación de multas.

Posteriormente, los diputados Tadeo Rojas  (ANR-Central), y Walter Harms (ANR-Itapúa), solicitaron el rechazo al afirmar que la normativa es inaplicable.

Harms remarcó que “el texto parece estar en contramano para nuestra realidad”.

Finalmente, el congresista Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), propuso aprobar en general este proyecto de Ley y aplazar el estudio en particular, de manera a consensuar mecanismos que hagan posible la aplicación. Sin embargo, esta moción no prosperó.

Fuente: Cámara de Diputados

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