Los mismos habrían actuado en complicidad de peones quienes se “aliaron” con un funcionario de la Senacsa para cometer el hecho ocurrido en el año 2014.
Los condenados fueron Ignacio Agüero y Amancio Martínez, quienes tras el hecho desaparecieron de sus lugares de trabajo, consiguiendo falsificar los documentos en complicidad de los de la Senacsa de General Resquín.