La Fiscalía acusa tanto a la cantante como a su asesor en el país norteamericano, de seis delitos fiscales por haber defraudado presuntamente 14.5 millones de euros, unos 16 millones de dólares, al simular no residir en España y ocultar sus ingresos mediante un entramado societario en 2012, 2013 y 2014.
Sin embargo, cuando fue citada a declarar el pasado junio, Shakira recordó que ya abonó 20 millones de euros, unos 22 millones de dólares, correspondientes a las deudas e intereses de 2011, así como los 14.5 millones de euros que le reclamaban por los ejercicios siguientes y defendió que, en esas fechas, no tenía obligación de tributar en España.

