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Sentencia de la Corte podría hacer «comer hule» a jubilados

Sentencia de la Corte podría hacer «comer hule» a jubilados

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de una acción presentada por marinos mercantes, y desde IPS (Instituto de Previsión Social) aseguran que eso podría significar que quienes realizaron sus aportes jubilatorios podrían «comer hule» dentro de 5 años.

El tema es que el salario de los demandantes rondan los 80 millones de guaraníes en adelante, y con la sentencia buscan cobrar el 100% del sueldo que percibían cuando eran todavía aportantes. El tema es que hasta ahora la ley establece un límite de 10 salarios mínimos legales (equivalentes a 22 millones de guaraníes hasta la fecha), y al pedir el 100% de sus salarios, los 126 marinos que hacen el pedido crearían un enorme desfaje en el fondo jubilatorio de la previsional.

«Esto es un verdadero misil a los Fondos Jubilatorios del IPS», he’i el gerente de prestaciones económicas, Pedro Halley.

“Yo me jubilo el año que viene, posiblemente voy a cobrar mi jubilación en unos cinco años, lo que tenga que cobrar después, no sé qué pasaría, si este fallo queda confirmado, así de grave es”, he’i Halley en entrevista con la 730 AM.

En el 2020, la Dirección Jurídica de IPS planteó una acción autónoma de nulidad, la cual implica que la Corte revea su propia resolución. La respuesta sigue pendiente. De no prosperar esta especie de apelación, la ejecución de sentencia quedaría firme.

De los 126 demandantes, 16 fueron los primeros en solicitar el reajuste en base a la acordada de la Corte. Esto representa 10.000 millones de guaraníes en apenas un primer desembolso. Posteriormente llegaron otros 26 solicitantes, del mismo grupo de los 126, lo cual elevó a 30.000 millones también como primer pago.

Si la sentencia queda firme, esto sentará un precedente e implicará un riesgo todavía mayor: que los 6.092 cotizantes que hoy aportan más de 23 mil millones al mes, también soliciten el mismo derecho, basados en este caso.

El caso se remonta al 2016, cuando los ministros Sindulfo Blanco (acusado de prevaricato), Óscar Bajac (acusado por cohecho pasivo agravado o «coima») y Myriam Peña (quien se jubiló en el 2019) firmaron el fallo. La notificación se remitió solamente a la Procuraduría General de la República, por lo que el IPS se enteró en el 2017. Recién en el 2020 se presentó la acción de nulidad que hoy está a la espera de respuestas.

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