A través de un informe proveído por la Asesoría Jurídica de la Presidencia a la Dirección General de Información Presidencial  se dio a conocer la Ley Nº 5555/2015, por la cual  se “modifica la Ley Nº 4370/2011”, que establece el seguro social para docentes dependientes de instituciones privadas”.

El objetivo principal de esta Ley, es definir y realizar los ajustes necesarios que garanticen el cumplimiento del seguro social en condiciones de equidad, respecto al régimen general del Instituto de Previsión Social (I.P.S), para los Docentes dependientes de Instituciones Educativas Privadas, quedando a cargo del Ministerio de Hacienda efectuar los recursos administrativos y financieros para el pago a los docentes de instituciones privadas.

A la fecha, aquellos docentes que ya cuentan con 60 años de edad y 25 años de servicio requeridos para tener el derecho a una jubilación, aún no se han podido jubilar por la falta de un mecanismo eficiente y adecuado para efectivizar el subsidio que el Estado debe realizar por el periodo no aportado por los docentes dependientes de instituciones educativas privadas nacidos hasta diciembre de 1975, y que a la fecha de promulgación de la Ley, contaban con más de 59 meses de aportes al seguro de salud del I.P.S.

ADMINISTRACIÓN FISCAL

También a través de la Ley Nº 5557/2015, fue aprobado “el convenio de préstamo “Políticas para el desarrollo de mejora de la Administración fiscal, protección social e inclusión financiera, con opción de desembolso diferido”. Este convenio, suscrito entre la república del Paraguay y el Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF), es por el monto de hasta US$ 100.000.000”.

La operación servirá como instrumento de respaldo para la disposición de liquidez del Gobierno Nacional, a fin de que el mismo pueda enfrentar oportunamente eventuales situaciones económicas adversas, y en cierta medida, se puedan cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

En este contexto, se busca precautelar el cumplimiento de los compromisos del país en materia de inversión pública, principalmente para dar continuidad a aquellos proyectos estratégicos que están orientados para combatir la pobreza.