En medio de todo el guarara que se generó en torno al nuevo caso de “planillerismo” y aparente corrupción, la fiscala de Delitos Económicos, Nadine Portillo, imputó a la exdiputada Karina Rodríguez por la expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, así como el cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice, por haber firmado la planilla de asistencia del asesor español Lino Valencia, comisionado a la Cámara de Diputados, cuando este no se encontraba en el país.

La imputación también alcanzó al gallego, sospechado de haber cobrado su salario sin presentarse a trabajar. El mismo había sido nombrado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el 10 de setiembre de 2012 con un sueldo de 6 millones de guaraníes. Luego, a pedido de la exparlamentaria, fue comisionado a la Cámara de Diputados, desde 21 de octubre del 2013 hasta su renuncia, el 1 de diciembre de 2015.

Según Álvaro Arias, abogado de la exparlamentaria, la misma devolvió la suma percibida por su asesor en dos meses (G. 12 millones), dinero que fue depositado en una escribanía.

El Ministerio Público solicitó para ambos imputados la prohibición de salida del país sin autorización del juzgado y la obligación de comparecer los primeros días de cada mes, entre otros, ante el peligro de que existe fuga u obstrucción a la investigación.

SIN COINCIDENCIA

Según en el acta de imputación, la asistencia del español fue registrada desde el 3 de setiembre de 2012, pero el mismo llegó al país recién el 21. Además, su nombramiento figura en fecha 10 de setiembre de 2012, pero para pagarle su salario comenzó a contarse desde 1 de setiembre. El mismo estuvo dando asistencia en el lugar hasta el 19 de octubre de 2015.