Cientos de familias de varios asentamientos de diversos puntos del país fueron estafadas en su sueño de tener una casa propia.

Sus esperanzas se fueron al tacho cuando un operativo fiscal intervino tras la denuncia de dos afectados y agarró a una pareja que aparentemente se dedicaba a joder a las familias desde el 2009 cobrando dinero por las casitas que supuestamente eran de la Senavitat.

Según la denuncia, Cándido Alcides Valenzuela y su pareja, Yeni Raquel Quiñónez, por medio de una cooperativa mau, Ñamopu’ã Ñande Rogarã, pedían 3.800.000 guaraníes en concepto de entrega por la casa.

La fiscala Claudia Torres, de la Unidad N.º 3 de Mariano Roque Alonso, encargada del caso, imputó por estafa a Cándido y a su pareja como cómplice, además mencionó que habría más imputados.

La agente fiscal pidió prisión preventiva para Valenzuela, pero en horas de la tarde el juez de Garantías de Luque, Nelson Romero, decretó la prisión domiciliaria. Yeni se encuentra en las últimas semanas de embarazo por lo que fue también beneficiada con esa medida.

La ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, aclaró en conferencia prensa que Valenzuela no fue funcionario ni beneficiario de la institución a su cargo.