En el gobierno anterior, el hoy diputado Mauricio Espínola tenía una posición muy firme en relación a que los tratados internacionales, como el que rige a Itaipú, no pueden ser regulados por leyes. Ahora, “ojere”, como tortilla, según reza el dicho.

En 2020 había afirmado que una ley no podía modificar un tratado internacional. Cuando eso, era el secretario de Mario Abdo Benítez. Ahora, Espínola defendió la necesidad de que los gastos sociales de las entidades binacionales, regidas por tratados internacionales, sean fiscalizados por leyes de menor rango y que sean incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Años atrás, he’i que “nunca una ley puede modificar algo que está dispuesto a nivel de tratado”, asegurando que los recursos sociales de Itaipú deben seguir siendo administrados exclusivamente por el Consejo de la binacional, conforme al tratado vigente.

Ahora, he’i que “los gastos sociales (que provienen de la hidroeléctrica, deben ser sometidos a control y fiscalización de las autoridades competentes de la República del Paraguay”. O sea, “oejere”.

A pesar de este antecedente, y sin aclarar el motivo de su giro discursivo, Espínola respaldó ayer desde su banca el objetivo de someter los fondos sociales de Itaipú al escrutinio público. El proyecto fue rechazado y enviado al archivo por decisión de la mayoría en la Cámara de Diputados, tras el debate correspondiente donde ganó la posición que sostenía lo que “Mauri” apoyaba en 2020.