El tribunal colegiado presidido por el juez Carlos Zelaya e integrado por los magistrados César Solaeche y Ángel Eugenio Fiandro fue el encargado de valorar las pruebas ofrecidas por el represente del Ministerio Público. Las evidencias permitieron demostrar durante el desarrollo del juicio oral y público la existencia del ilícito y la responsabilidad del hoy condenado.
Refieren los antecedentes que, la expareja del ahora condenado, inició una demanda por asistencia alimentaria ante el juzgado de la Niñez y la Adolescencia a cargo de la jueza Carmen Violeta Melgarejo, quien dictó Sentencia Definitiva en octubre del año 2011.
En dicha resolución, la magistrada resolvió hacer lugar a la acción promovida por la mujer contra el hoy condenado y, en consecuencia, ordenó a este último a pagar por mes adelantado, desde la iniciación del juicio en fecha 25 de noviembre del 2011, la suma de 300 mil guaraníes, disposición que no cumplió.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público, por lo que el fiscal Santander realizó diversas diligencias investigativas que permitieron constatar que el sentenciado no realizó deposito alguno en la cuenta de ahorro judicial abierta a favor de su hijo menor de edad.