La acusación, sostenida por la agente fiscal Valeriana Ferreira Duarte, de la Fiscalía Regional, requirió la misma pena que finalmente impuso el colegiado judicial, atendiendo todos y cada uno de los extremos – evidencias y declaraciones testificales, y otros estudios forenses – contenidos y probados en la carpeta de investigación.
El órgano juzgador estuvo presidido por el magistrado Santiago Trinidad Núñez e integrado por las juezas Gloria Carolina Savalia y Mirta Sánchez.
El caso fue denunciado por la Asociación de Iglesias Evangélicas en el año 2013, debido a que el hoy condenado fungía de pastor.
Los antecedentes de la causa refieren que, desde el año 2012, Aquino abusaba sexualmente de dos niñas que entonces tenían 12 y 13 años, en el interior de una vivienda particular ubicada en el barrio San José, de la capital de Amambay.
El acusado se aprovechaba de su presumida condición de pastor evangélico de una supuesta iglesia, ganándose la confianza de las personas, y con frecuencia aprovechaba la ausencia de la madre de las dos víctimas, quien se encontraba en su lugar de trabajo.