El Ministerio de Justicia firmó un convenio de unos 60 mil dólares para las excavaciones y exhumaciones a fin de seguir buscando restos de detenidos desaparecidos durante el Plan Cóndor y la dictadura de Alfredo Stroessner. El convenio es con Lidia Molinier, directora de Tape’a, la ONG que se encargará de los recursos.