La expansión del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza (Ley N° 3728/2009) llegó a los 178.163 incluidos en mayo de 2017, hecho que plantea importantes desafíos en su administración.

Siendo que la pensión está orientada a personas de 65 años y más que se encuentran en situación de pobreza y no poseen ingresos laborales o de seguridad social (además de otros requisitos administrativos) resulta fundamental usar la información disponible para llegar con los recursos fiscales a quienes son sus legítimos beneficiarios.

Hacienda está realizando cruces de información con registros administrativos con el objetivo de identificar a beneficiarios con un patrimonio incompatible con la situación de pobreza.

La primera acción en este marco se aplicará desde agosto próximo con los registros del Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA), que proveyó a la institución una base de datos a nivel individual de tenencia de ganado.

Con el cruzamiento de la información se excluirá a aquellos beneficiarios que posean un patrimonio ganadero inconciliable con la condición de pobreza. Estas exclusiones se realizarán de manera gradual a partir de julio (empezando por quienes poseen un patrimonio mayor), de forma tal a mejorar el esfuerzo fiscal destinado al pago de la pensión. Del mismo modo la información proveída por SENACSA será incorporada al instrumento de selección de beneficiarios.

Se espera que la aplicación de este enfoque de precisión permita optimizar la inversión social que realiza el Ministerio de Hacienda a través de esta pensión. Cada mes se destinan más de 75.000 millones de guaraníes al pago de la pensión, cuyos beneficiarios se encuentran en los 254 distritos del país.

Fuente: Ministerio de Hacienda