Según la Justicia, esta empresa presta un servicio que se encuentra amparado legalmente, garantizado por la garantía constitucional de igualdad. Por eso la jueza afirmó que no se ve en forma evidente y efectiva de una acción ilegítima que lesione los derechos o garantías de los taxistas.
Además señaló que el Juzgado no es el organismo encargado de reglamentar las actividades de MUV.