Ya hace años que se viene hína batallando contra los “ilegales” que como si nada construyeron viviendas en un predio privado.

• GUSTAVO GALEANO
• Corresponsal

Durante una constitución judicial se pudo comprobar que unos ¡caraduras! efectivamente estaban ocupando una propiedad privada en el distrito de Minga Guazú. El hecho data desde el año 2015 y según el Tribunal que atiende la causa el proceso ya está en etapa final.

En horas de la tarde del martes pasado, el magistrado Fabio Aguilar en compañía del agente fiscal Luis Trinidad se constituyeron en una propiedad de 20 hectáreas, “plagada” de invasores.

La propiedad fue identificada como Finca N.º 10.239 ubicada en el km 29,5 de Minga Guazú. Las autoridades pudieron corroborar que en el lugar existen precarias viviendas con ¡conexiones clandestinas de electricidad! O sea, que ni la luz pagan. El abogado que lidera la querella, Héctor Duarte, tiró que “a partir de la constitución se pudieron corroborar perfectamente los límites del inmueble que se condicen con el título de propiedad y que está claramente establecida la parte que fue objeto de loteamiento y también la fracción que las otras 10 hectáreas no se lotearon, pero que forman parte de la misma propiedad que está con edificaciones de casas precarias, notoriamente recientes, y erguidas por los invasores”.

IN SITU

Las pruebas a la vista demuestran la invasión. Según el agente Trinidad, “la constitución era una de las pruebas diligenciales en el marco del juicio oral, que está llegando a su fin. El propósito es que el Tribunal verifique in situ la situación del inmueble invadido”.

IMPLICADO

Basilio Parra, exconcejal de la ciudad, está en la mira de la Justicia. Los datos que se recogieron durante las investigaciones apuntan a que el mismo cobraba la suma de 150 mil guaraníes mensuales con la promesa de facilitar y documentar los terrenos invadidos.

Desde el 2015 que se ocupa ilegalmente

Los antecedentes hablan de que la invasión del inmueble, propiedad de Víctor José Agüero González, se materializó en mayo del 2015. En aquella ocasión, según los datos que figuran en la carpeta fiscal, unas 100 personas atropellaron la propiedad privada; sin embargo, fueron rajados por orden de la jueza Carmen Meza en noviembre desde mismo año.

Los querellantes mencionaron que un tiempo después los personajes volvieron a ingresar al lugar violando la orden judicial, lo que ocasionó otra reacción por parte de la Fiscalía que en ese momento ya comenzó a procesar a los ocupantes, entre ellos 28 imputados por invasión de inmueble ajeno que según el dictamen se exponen a 5 de años de cárcel si macanean con la orden.