Sin embargo, el representante estudiantil explicó que la intervención no se ajusta a derecho, atendiendo que no es conveniente suspender las actividades administrativas en un momento donde es inminente la elección de las nuevas autoridades en la institución, que no será posible mientras no culmine la intervención, que podría prolongarse por meses.
El universitario argumentó que la decisión obedece principalmente a que el desarrollo de las actividades académicas deben continuar en la universidad. Sostuvo que para el seguimiento de los hechos de corrupción hoy conocidas, "cada unidad académica debe ser contralor de su propia casa de estudio. La cuestión de cada unidad académica es particular".