El día de ayer fueron imputadas 18 personas vinculadas a 6 empresas del transporte público por supuesto cobro irregular del subsidio estatal con constancias y certificados de las unidades de transportes se presume son falsas. Se investiga un daño económico de 13.000 millones de  guaraníes. El fiscal de la causa es Yoan Paúl López.

La denuncia sobre la  presunta irregularidad fue presentada hace dos años por el viceministro de Transporte, Agustín Encina. Y luego de un arduo trabajo de investigación y varias diligencias, el agente público imputó ayer a los 18 transportistas.

Se trata de más de 120 vehículos que habrían presentado documentos falsos o irregulares, haciendo parecer que sus rodados antiguos y en estado pésimo, las conocidas como chatarras, eran más nuevos y menos desgastados, ya que la normativa para cobrar el subsidio establece que para seguir cobrando, los buses deberán tener una permanencia de hasta 20 años en la vía pública.

Algunas de las líneas que habrían cobrado de forma irregular el subsidio son la 34, 36, 58, 232, 203, 110, y 454. Se imputó a los responsables así por varios hechos punibles, el principal: estafa.