Entre otras cosas, con esta ley se establece la compra de vacunas contra el virus carruaje, la cobertura de pacientes hospitalizados a través del Fondo Covid-19, la contratación temporal de personal de salud y el pago del IPS por aislamiento a los trabajadores.
En uno de los puntos que más revuelo causó, se autorizó a Salud Pública a la contratación temporal de personal de salud en reemplazo de los renunciantes.
Además se incluye el pago del IPS a los trabajadores que están suspendidos, en aislamiento, en reposo o en situación de riesgo por el COVID-19, de los saldos que percibe la institución que son de US$ 20 millones.