El mismo había dicho que el actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quién además fuera vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol bajo el mando de Juan Ángel Napout y parte de la comisión directiva cuando el señor Nicolás Leoz estaba al frente de la Confederación, estaba dentro del grupo que recibieron un millón y medio de dólares producto de un soborno que formaría parte del caso “FIFA Gate”.
Además mencionó que supuestamente en abril del 2015 Domínguez eligió una peor oferta por los derechos de televisación para el mundial de 2018 eligiendo a la empresa Ciffrat (igual que la antigua Traffic, pero escrita al revés) por valor de 6 millones de dólares, en lugar de Tenfield que habría ofrecido 17 millones de los verdes.
Igualmente dijo que Alejandro Domínguez habría recibido cerca de 400.000 entre honorarios y gratificaciones de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y, sin embargo, no habría tributado al Estado paraguayo.
En ese sentido habló también de lavado de dinero producto de soborno así como evasión de impuestos y hasta me mencionó qué debían ser objeto de estudios el trágico suceso que costó la vida a 71 personas cuando el avión que transportaba al club Chapecoense cayó en Colombia.
Ante cada una de estas acusaciones el grupo de agentes fiscales que estuvo investigando dijo que remitieron todos los oficios correspondientes a cada una de las entidades para hacer las averiguaciones del caso (Asociación Paraguaya de Fútbol, Confederación Sudamericana de Fútbol, Subsecretaría de Estado de tributación, toma de declaraciones a testigos, entre otros) y no encontraron nada.
Una de estas averiguaciones pasó por el testimonio de uno de los implicados quién negó haber sabido algo del cheque por 1.500.000 dólares que supuestamente se utilizó como medio de soborno.
También aseguraron que le pifió con el tema de la televisación, porque supuestamente el contrato que objetó José Luis, diciendo que se de fútbol dejó de percibir una importante suma de dinero, se había cerrado en el año 2011 y lo que se hizo años después, en el 2015, fue simplemente una aprobación de aquel contrato original por parte de la Asamblea. Es decir, no existió un llamado a licitación sobre la cesión de derechos audiovisuales para Rusia 2018 por haber ya un contrato vigente.
Es más, aseguraron que gracias a una adenda que se hizo en esa aprobación del 2015, se logró modificar el contrato y se percibieron 9.300.000 dólares más.
Igualmente desde la Secretaría Estado de tributación informaron que no existe proceso alguno abierto contra Alejandro Domínguez en cuanto a la fiscalización de sus ingresos indicando además el pago en cuestión de 374.000 dólares americanos se observa reflejados en las declaraciones impositivas que realizó.
En lo que tiene que ver con el supuesto lavado de dinero producto de sobornos y la evasión de impuestos la fiscalía informo qué no encontraron documento alguno o un hecho antijurídico que dé posibilidad a que se produzca este lavado. Aseguraron que tampoco existen informes de inteligencia de la Seprelad sobre estas conductas antijurídicas.
En cuanto a lo de la tragedia de Chapecoense y otros bienes que José Luis objetó (de Julio Grondona en Argentina y de Ricardo Teixeira en Brasil) el grupo de fiscales dijo que no había elementos suficientes para sostener tales acusaciones.
Hechas todas las diligencias no encontraron conductas que puedan requerir un proceso penal por lo que, en conclusión, la representación fiscal consideró que, agotadas las diligencias de recolección de elementos de convicción y basados en las actuaciones practicadas, no se obtuvieron indicios algunos que señalen la existencia de los hechos que denunció en su momento el señor José Luis Félix Chilavert, por lo cual creen que corresponde la desestimación de la misma.