En su cédula, Mariana figura como Emmanuel. Yren es Nery, según los documentos, por lo que solicitan que sean modificados. Son trans defensores de los derechos humanos de las personas LGTBIQ de destacadas trayectorias y reconocimientos públicos en nuestro país.
"Necesitamos que entiendan que este es un derecho, que no estamos pidiendo privilegios sino estamos pidiendo el acceso a nuestro derecho", señaló Yren. Por su parte, Mariana comentó que a los 15 años terminó de asumir completamente una identidad femenina como mujer trans, coincidiendo con la culminación de la educación básica, manifestó.
En 2016, acudió ante los órganos jurisdiccionales para solicitar el cambio de su nombre, que guarde, según dijo, coherencia con si identidad de género. Indicó que el 20 de febrero del 2018, el Juzgado a cargo del procedimiento dictó una resolución favorable a la solicitud de cambio de nombre y, en consecuencia, ordenó al Registro Civil la rectificación de la inscripción de su nombre como Mariana S. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esta decisión, señaló.
El 14 de noviembre del 2018, el Tribunal resolvió enviar el expediente a consulta constitucional a la Corte Suprema de Justicia. Expresó que el 21 de marzo de este año, Mariana y sus representantes jurídicos denunciaron al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por su parte, desde la Codehupy señalan que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional para resolver sobre la solicitud configuró la violación de derechos como: derecho a la igualdad ante los tribunales, derecho a un juicio imparcial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada y derecho a no ser discriminada por identidad de género.
Los derechos mencionados están reconocidos en los Arts. 14.1, 16, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico ratificado por el Estado paraguayo. Además, Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo del mismo Pacto, otorgando así competencia al Comité para que entienda denuncias de particulares y, obligándose a cumplir las resoluciones resultantes del proceso.
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