El documento continúa señalando que “por tanto insta al irrestricto cumplimiento de la disposición, adoptando como premisa fundamental la protección del agente especial, considerando que las consecuencias del crimen organizado puede acarrear riesgo de vida al ser develados sus datos personales”.
Lo que no aclara la Senad es que adaptó el artículo de la referida ley. Este señala cuanto sigue: “Por razones de estricta seguridad personal e institucional, la identidad del agente especial que interviniera en calidad de investigador o bajo la figura de agente encubierto, en el marco de un proceso judicial, deberá ser de carácter confidencial y su declaración presentada solo por escrito ante las autoridades jurisdiccionales. Los datos de su identidad solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las investigaciones judiciales con el debido resguardo”.
La parte que no menciona el ente liderado por Zully Rolón y a la sombra por Arnaldo Giuzzio omitió que el artículo hace referencia específicamente a los agentes encubiertos y aquellos que estén dentro de un proceso judicial.
En este caso, ni lo uno ni lo otro. Al menos por ahora. Es que la investigación publicada por La Nación refiere que Carlos, junto con su cónyuge, Natalia, se ubicaron en la secretaría antinarcóticos y de la nada, con ingresos líquidos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones, estrenaron recientemente un vehículo de altísima gama, además de importantes propiedades, algunas sin aparecer en sus declaraciones juradas de bienes.
En el caso de Carlos, ingresó a fines del 2015 a la función pública con un activo de G. 65 millones, mientras que la mujer declaró cero activos en sus inicios como empleada estatal, también a finales del 2015, y el máximo bien que consignó al entrar a la Senad fue un teléfono celular de G. 200 mil que en ese momento pagaba a cuotas.
Con esos salarios, fueron capaces de tener una propiedad valuada más allá de los 200 millones de guaraníes y una camioneta que ronda los 460 palos.
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