El contrabando del combustible se hacía a gran escala hacia nuestro país, mediante una manguera que cruzaba de orilla a orilla, según se informó desde ashá. Dicho procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 16 y contó con el apoyo de otras unidades, que secuestraron cuatro vehículos tipo pick-up, cuatro acoplados tanques cisternas de metal con capacidad aproximada de 1.500 litros, cuatro tanques de plástico con capacidad de 1.000 litros, seis tambores plásticos con capacidad de 200 litros, 20 bidones con capacidad de 30 litros cada uno y 390 litros de combustible distribuidos en trece bidones.
Además, incautaron una manguera de plástico de 50 metros aproximadamente, que se utilizaba para el paso de combustible desde la costa argentina, siete motores utilizados para la propulsión de combustible, un cable de acero que conectaba ambas márgenes del río Pilcomayo y documentación de interés, quedando a disposición del Magistrado interviniente.
A decir de los intervinientes, los miles de litros de combustibles que eran cargados a diario en feroces tanques y bidones, eran trasladados hasta un predio con muros muy altos, situado en el barrio Porteño Sur.
Debido a las altas paredes del galpón impedían la visión de lo que ocurría en su interior, los efectivos se apoyaron en la ayuda de drones para detectar cómo era la maniobra final de tráfico de combustible hacia el país vecino.
Las filmaciones arrojaron que el combustible era enviado a Paraguay por medio de una manguera de plástico que había sido apoyada sobre un puente de madera que atravesaba el río Pilcomayo. Tras el descubrimiento, los gendarmes destruyeron el puente en coordinación con las autoridades paraguayas.
La actividad se desarrolla a plena luz del día y a la vista de todos. No solo cuenta con la complicidad de los dueños de las estaciones de servicio argentinas sino también con la necesidad de muchos formoseños y paraguayos que encuentran en ese trabajo ilegal su fuente de ingresos.
Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Paraguay (APESA) y Miguel Bazán, gerente de la Cámara de distribuidoras Paraguayas de Combustibles (CADIPAC) coincidieron en que dicho comercio clandestino afecta en un 30% al sector privado que opera en la zona fronteriza.
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