Desde que comenzó la guerra en la que Rusia invadió Ucrania, no paran de saltar imágenes que le parten el corazón a cualquier ser humano de bien. Pero este 17 de marzo, a más de un año de los primeros bombardeos, se produjo un hecho histórico: La Corte Penal Internacional (CPI) pidió la detención por presuntos crímenes de Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos.

Esta es la primera vez en la historia que este cuerpo legal internacional pide detener a un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo y que, encima, es el mandamás de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.

El pedido de detención vino luego que se comprobara la participación de Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.

“Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, dice el documento que acompaña el pedido del presidente ruso que también alcanzó a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente Ruso.