Según la denuncia, el local atiende a gente adicta de manera irregular, presuntamente privándolas de su libertad. Durante la intervención, encontraron a cuatro personas de la tercera edad, a quienes le suministraban medicamentos, pese a no contar con habilitación del Ministerio de Salud Pública para operar.
“Se encuentra en la calle Laguna Grande y Coronel Machuca. Se trataría de un hecho de estafa y privación ilegítima de libertad. En el lugar se encontraban personas que estaban siguiendo tratamiento para no depender más de las drogas”, dijo el comisario que intervino en el asunto.
El allanamiento se hizo en base a una denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que ya había hecho una denuncia similar contra el mismo local en 2016, ocasión en que también la presunta clínica clandestina fue allanada.
Natalia B., dueña del local, sería imputada por los presuntos delitos de estafa y privación ilegítima de libertad, según adelantaron los intervinientes.
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