Mínimo, llama la atención. Mínimo. Pero hasta el momento, desde las instituciones que tendrían que estar atendiendo el tema solo reina el silencio. Por eso, el que levantó la voz y pidió que se lo vichee, cuando menos, a “Marito” fue el senador Derlis Maidana, quien basándose en una publicación de La Nación investiga, dijo que lo expuesto en esa nota “se debe investigar de forma institucional”.

Pero, ¿qué fue lo que se publicó? Ni más ni menos que números que con contundentes y que reflejan la manera en la que Mario Abdo Benítez, desde que se metió de lleno en la política, comenzó a escalar económicamente a niveles impensados, algo que se vio aún de manera más contundente cuando asumió la presidencia de la República.

Como se sabe, “Marito” es el principal accionista de una firma llamada Aldia SA, que se dedica a la pavimentación con asfalto. Cuando empezó como senador, incluso fue “para atrás”, ya que tuvo un crecimiento negativo del orden del 17%. Sin embargo, esa cifra comenzó a subir, justamente en la época que logró asumir como presidente de la Cámara Alta, y se “disparó” cuando fue presidente del Paraguay, con un crecimiento, al final de su mandato, de más de 10 veces de lo que era cuando asumió, pasando de una ganancia anual de poco más de 8 mil millones en el arranque a 92.647.000.000 al final.

Esto hizo que el senador Derlis Maidana, en entrevista con Nación Media, asegure que dicho crecimiento por demás vertiginoso, en gran medida en época de pandemia, deba ser investigado.

“Acá se debe investigar de forma institucional, el Ministerio Público debe hacer esas investigaciones, si el funcionario de rigor, en este caso el expresidente de la República, respetó o no esa normativa y en segundo lugar indagar si hubo uso indebido de influencia, si esos números se ajustan o pudo haber enriquecimiento ilícito. Es importante que sea investigado por el Ministerio Público”, apuntó el parlamentario.

“Como mínimo, es antiético que la empresa del presidente de la República sea la principal proveedora de servicios de asfaltado y de cualquier otra índole. También muchos parlamentarios, ministros y funcionarios públicos que tienen prohibiciones de negociar con el Estado lo hacen”, expresó el legislador.