En la iniciativa plantea que a su ingreso los internos serán clasificados según el sexo, edad, tipo penal que se le atribuye, antecedentes penales, grado académico y cultural, profesión y oficio. De acuerdo al rango que van ocupando, el trabajo y la paga que se les va otorgando.
Quienes, por ejemplo, sean apresados por algún crimen como homicidio doloso con agravantes, homicidio doble o múltiples, abuso sexual en niños, abuso sexual y homicidio, tortura, secuestro, robo con resultado de muerte y cualquier otro que pueda ser catalogado como atroz o cruel, serán ubicadas en pabellones especiales sin poder relacionarse con los demás internos y el Estado no asumirá los costos y gastos de su sustento o manutención diaria, por lo que los mismos deberán trabajar para solventar su alimentación y manutención diaria mientras dure su reclusión.
Además, en la propuesta, se contemplan otros casos, en los que incluso aquellos que entran por otros hechos punibles tengan la capacidad de hacerse de algo de dinero una vez “salvada” la comida y su manutención.
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