La Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo dio lugar al pedido de Celia, quien ganó el juicio en primera instancia. Los jueces valoraron que “nada establece el convenio colectivo con relación al diálogo entre los empleados” y confirmando el fallo de primera instancia por cuanto la firma demandada “adoptó una conducta claramente restrictiva de derechos sin siquiera invocar la existencia de una razón objetiva que justifique tal proceder, considerando que el ejercicio del poder disciplinario que la LCT reconoce al empleador, no es absoluto, sino que se supedita a la existencia de una justa causa o incumplimiento objetivo", señala la información.
Según la publicación hecha por Juan Bautista Torres en el citado medio argentino, los jueces ponderaron la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios, que en su artículo primero reconoce “a la nacionalidad como una categoría sospechosa de discriminación”, por lo que “la disposición disciplinaria adoptada por la parte demandada resultó irrazonable”, o sea, le hicieron comer hule al empleador.
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