“La actual ley coloca muchos condicionamientos, mucha burocracia que encarece los servicios públicos, entonces en ese sentido aparte de reconocer las garantías para el ejercicio del derecho, buscamos descomprimir los procesos burocráticos”, comentó.

Actualmente el proceso de declaración de objeción de conciencia para una persona afectada por la obligatoriedad del servicio militar puede durar entre 1 o 2 años. “Esto debido a que cada paso que el objetor pretenda dar en el avance de su solicitud tendrá que ser autorizada por la figura Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, y reunir a todos sus miembros con la frecuencia necesaria para dar agilidad a los trámites es súper complicado”, puntualizó.

El citado órgano está conformado por el defensor del Pueblo, un senador y un diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de los objetores.

“La norma vigente también supedita que el consejo determine si es viable o no la validez de la declaración de conciencia. En el proyecto pretendemos garantizar el ejercicio del derecho y que la declaración de objeción de conciencia sea válida por sí misma. Entonces la simple declaración es válida, se elimina la necesidad que el consejo haga una investigación de la opción de esa persona, que declare cuál es el motivo por el cual presenta su declaración de conciencia”, indicó.

La abogada siguió sosteniendo que “es una garantía constitucional que ninguna persona está obligada a declarar o ser cuestionada por sus convicciones, creencias o ideologías”. Por otra parte, detalló que a finales del año 2023 la Defensoría del Pueblo contó con 994 objetores. Mientras que desde el inicio de este 2024 hasta el pasado mes de mayo se registraron 200 objetores de conciencia.