“Se llegó a un acuerdo verbal y ellos empezaron a movilizarse para conseguir ese dinero”, confirmó en contacto con la 1080 AM el abogado Marcial Ayala, defensor de dos de las personas imputadas por este hecho, entre ellas, la trabajadora de Diputados.
Para que todo quede “derecho”, el acuerdo se gestó mediante escritura pública y serán puesto a disposición del Ministerio Público. Al respecto, la fiscal Norma Salinas aseguró que todavía quedan muchos elementos sueltos, entre ellos, la posible falsificación del Poder con el que se cobraron los cheques y la forma de proceder de los empleados del Banco Nacional de Fomento y de la ANDE en torno al caso y lo que se conoce como “reparación social”, es decir, el castigo que una sociedad debe imponer a quienes tienen conductas como estas.