Quizás, cuando se ideó el plan, jamás se imaginó que tendría la repercusión que tuvo. Quizás, jamás le importó que mientras ella posaba orgullosa al lado de una valiosísima camioneta 0Km la familia a la que se “jodió” seguía viviendo en medio de penurias. Y ahora, habiendo dejado en la polémica la clase de persona que es para hacer lo que hizo, tendrá que dar la cara todos los días en la Cámara de Diputados, donde le negaron el permiso que solicitó ¿para “borrarse”?

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció que se rechazará la solicitud de permiso sin goce de sueldo presentada por la funcionaria involucrada en el resonado caso de una apropiación ilegal de más de G. 700 millones destinados a familias que viven en una impactante pobreza y que, encima, accedieron a esas cifras millonarias por sufrir la pérdida de un ser querido.

“El día de hoy recibimos una solicitud de permiso sin goce de sueldo por parte de la funcionaria. Nosotros no la vamos a conceder y vamos a proceder en esta investigación”, declaró. Latorre dijo que, a más del cese inmediato del comisionamiento que tenía, fue puesta a disposición de Recursos Humanos y la apertura de una investigación.

Expresó, por otro lado, su indignación calificando el hecho como “muy grave” y “despreciable”, no solo por la cantidad sustraída, sino por haberse aprovechado de personas vulnerables en un momento de dolor. “Pocos actos se me ocurren que puedan ser más despreciables que este”, he’i.

Tras conocerse el escandaloso caso, la funcionaria del Congreso y el abogado involucrado devolvieron G. 600 millones a las dos familias afectadas por el millonario despojo. Pero aún hay cuentas pendientes. Por un lado, porque no llegaron a cubrir el monto total. Por el otro, por la “reparación social” que deben hacer.