El juez Humberto Otazú tiene en sus manos decir si admite las últimas acciones dilatorias que se presentaron o se mantiene la audiencia de imposición de medidas para que el esposo de Natalia Zuccolillo (directora de ABC Color) sepa cuál es su suerte en esta causa penal impulsada por la Conmebol.
De acuerdo a los plazos procesales, el juez tiene tres días hábiles para responder a dichas acciones, que se alargó un poco más por los asuetos y feriados que se dieron por Semana Santa. De admitirse las acciones presentadas por los abogados defensores, la audiencia de imposición de medidas cautelares deberá ser analizada por un Tribunal de Apelaciones, pero si el juez decide rechazar dichas acciones se mantendrán las fechas de audiencia recordando que para el caso de Zaldívar fue fijado para el 15 de abril.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, que atienden este caso por presunto “lavado de dinero”, que se investiga a partir de la denuncia penal presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), solicitaron como medidas cautelares para los imputados la prohibición de salida del país, la presencia y firma mensual ante el Juzgado y una eventual fianza mientras avanzan las actuaciones .
La Conmebol busca con este proceso recuperar unos USD 15 millones que Nicolás Leoz desvió supuestamente de la organización deportiva y habría depositado en el banco Atlas (del Grupo Azeta perteneciente a la familia Zuccolillo).
IMPUTACIÓN DE FISCALÍA, POR LAVADO
La imputación fiscal, según el Acta de Imputación N.° 4/25, alcanzó a Miguel Zaldívar y demás directivos del banco Atlas, quienes se cree habrían incurrido en el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 196 del Código Penal, al haber obtenido o administrado bienes provenientes de hechos antijurídicos, en concordancia con las disposiciones sobre participación y complicidad.
Durante la investigación fiscal se identificaron contratos de fideicomiso suscritos en el 2016 con el banco Atlas SA, por montos que alcanzaban G. 23.014 millones y USD 2,16 millones, fondos que habrían sido constituidos como patrimonio autónomo destinado al pago de gastos personales y beneficios familiares.
Los fiscales sostienen que dichas operaciones fueron realizadas pese a las alertas públicas y judiciales existentes sobre Leoz, y que los responsables financieros involucrados no aplicaron las medidas de debida diligencia exigidas por la normativa de prevención del lavado de dinero.