Como fiscalizador del Ejecutivo y vocero de la Cámara Alta, el senador Rafael Filizzola presenta un marcado contraste entre el alto costo público de su banca -con remuneraciones superiores a G. 1.364 millones desde agosto de 2023- y los resultados de su gestión legislativa y judicial.
En el Sistema de Información Legislativa (SILpy) figura como firmante en 55 iniciativas y 10 leyes promulgadas, pero todas corresponden a coautorías masivas con oficialistas y opositores. En cambio, sus propuestas individuales siguen varadas en comisiones. Analistas señalan que este modelo diluye la paternidad de la norma y dificulta medir la productividad real de un legislador. Esta paradoja se acentúa en el ámbito judicial: quien exige transparencia protagonizó dos escándalos en el Ministerio del Interior (2008–2011) cerrados sin debate oral.
El caso “Comisarías de Oro” (perjuicio de G. 1.100 millones) lleva doce años trabado en la Corte tras dictaminarse su prescripción. En el caso “Helicópteros” (G. 50.000 millones), el sobreseimiento derivó de la nulidad de la indagatoria. Al no haber absolución tras un juicio, el cierre por vicios formales deja dudas sobre el uso de los fondos públicos.