La investigación por el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, coloca a dos empresas vinculadas al Grupo Zuccolillo, banco Atlas e Inmobiliaria del Este SA (IDESA) en la mira de la Fiscalía por supuestamente haber obviado las señales de alerta de lavado de activos con las operaciones del ex dirigente deportivo.
Según los fiscales, durante 2013 Leoz realizó 15 depósitos en el banco Atlas por un total de USD 5.114.300, en apenas cinco meses, operaciones que no guardaban relación con sus movimientos anteriores ni con el perfil económico. La Fiscalía sostiene que el banco no realizó la debida diligencia correspondiente ni reportó esas operaciones a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Esto se agudiza al ver que en 2012 ya habían surgido públicamente denuncias y sospechas sobre el entorno de Leoz. En 2013 abandonó la presidencia de la Conmebol y, en 2015, Estados Unidos lo incluyó entre los investigados en el FIFAgate. Para el Ministerio Público, los fondos tenían origen en actividades ilícitas atribuidas a Leoz durante su gestión al frente de la Conmebol. El propio representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, sostuvo que Atlas disponía de información suficiente para dejar de operar con el exdirigente.
Capítulo inmobiliario
Documentación incorporada recientemente a la investigación revela igualmente que el 26 de febrero de 2016, apenas dos semanas después de los fideicomisos constituidos con banco Atlas, Leoz suscribió contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria mediante los cuales 17 inmuebles, valuados inicialmente en aproximadamente USD 1,49 millones, quedaron bajo administración de Inmobiliaria del Este SA y otra empresa inmobiliaria.
Los inmuebles habían sido adquiridos durante los años en que Leoz ejercía la presidencia de la Conmebol, entre 2006 y 2011, período sobre el cual existen investigaciones y auditorías que apuntan a desvíos de fondos.
Los bienes posteriormente fueron convertidos en loteamientos administrados por la inmobiliaria, mientras sus rendimientos eran depositados en Banco Atlas.
En otras palabras, el circuito financiero e inmobiliario presenta puntos de conexión que ahora son examinados por el Ministerio Público.