Luego de un pedido de informes impulsado por el diputado Alejandro Aguilera, que contó con 33 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Diputados resolvió ayer interpelar la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos frente a una serie de operaciones del banco Atlas.
Entre otras cosas, se piden informes sobre actuaciones tras la acusación Fiscal contra directivos de banco Atlas por presunto lavado de dinero en el caso Nicolás Leoz; el polémico contrato de fideicomiso con IPS; y el supuesto lavado de dinero en el caso Paraqvaria y los vínculos con Darío Messer.
Se busca determinar si el sistema de supervisión bancaria actuó de manera oportuna frente a advertencias, sanciones y situaciones que posteriormente fueron objeto de investigaciones fiscales. El pedido establece un plazo de 15 días hábiles para que el BCP remita las respuestas a la Cámara Baja. Uno de los principales puntos es conocer si, con antecedentes que incluyen sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con autoridades o directivos de Atlas, el BCP aclare si, efectivamente, no existen procedimientos abiertos o, en caso contrario, identificar su objeto, alcance y estado procesal. La resolución también pretende establecer cuál es el criterio utilizado por el regulador para abrir investigaciones administrativas cuando los directivos de una entidad financiera están sometidos a investigaciones penales por presuntos hechos de lavado de dinero.
Tanto el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo) como los integrantes del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán, han sido acusados por el Ministerio Público y pesa sobre ellos un pedido de juicio oral por presunto lavado de dinero en la causa penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Cuestionamientos apuntan a accionar del organismo
Los diputados preguntan expresamente si una actuación administrativa debe esperar a que exista una determinación judicial o si el organismo supervisor puede actuar en paralelo para evaluar la eficacia de los controles internos, el gobierno corporativo y los sistemas de prevención. El pedido de informes busca saber si esa acusación motivó una revisión extraordinaria de la conducción de la entidad, incluyendo las actas del directorio, las políticas de cumplimiento y la distribución interna de responsabilidades.
¿Qué pasó con las advertencias?, he’i
Otro eje central apunta a las advertencias realizadas por la propia Superintendencia de Bancos en 2016 sobre riesgos asociados a operaciones fiduciarias relacionadas con Leoz. Los legisladores quieren identificar quién verificó el cumplimiento de esas advertencias, qué inspecciones o planes correctivos fueron ordenados posteriormente y cuáles fueron los resultados de su seguimiento.
También se solicita información sobre las inspecciones realizadas a la actividad fiduciaria de Atlas entre 2017 y 2026, con sus observaciones, medidas de regularización y eventuales sumarios.