La Cámara de Diputados aprobó una resolución que exige al Banco Central del Paraguay (BCP) remitir en un plazo de 15 días hábiles informes documentados y antecedentes sobre las actuaciones y controles aplicados al banco Atlas. La iniciativa parlamentaria busca determinar la respuesta del órgano regulador ante una serie de operaciones de la entidad bancaria que aparecen asociadas a causas judiciales de alto impacto y presunto lavado de dinero, cuestionando la falta de investigación o sumarios administrativos independientes por parte de la banca matriz.
En primer término, el requerimiento indaga la falta de sumarios en curso contra banco Atlas pese a las sanciones, advertencias y causas penales preexistentes.
Específicamente, tras la acusación formulada contra el presidente de la entidad, Miguel Ángel Zaldívar, y los miembros del directorio en la causa del extinto exdirigente de la Conmebol Nicolás Leoz (caso FIFAgate), se requiere saber si el BCP ejecutó una revisión extraordinaria sobre el gobierno corporativo y las políticas de cumplimiento de la institución bancaria por la administración de fideicomisos a favor de Leoz.
Asimismo, la resolución solicita detalles sobre la verificación del perfil de riesgo y la continuidad fiduciaria de Juan Carlos Ozorio tras la investigación del operativo “A Ultranza”. En el ámbito de las garantías patrimoniales, se requiere aclarar el alcance de los controles realizados por la autoridad monetaria sobre banco Atlas al aceptar siete inmuebles vinculados a las firmas Paraqvaria y Matrix Realty, asociadas al caso del financista Darío Messer, así como las acciones ejecutadas tras las comunicaciones sobre dicho conflicto remitidas en febrero de 2025.
Por otra parte, el pedido parlamentario exige explicaciones sobre la ausencia de investigaciones administrativas por parte del supervisor bancario -al menos hasta enero de 2026- respecto al polémico fideicomiso suscrito entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y banco Atlas por un monto de hasta G. 828.800.000.000, una operación bajo auditoría de otros estamentos del Estado que requería controles específicos de trazabilidad, documentación y garantías.
Con esta solicitud de antecedentes e informes concretos, el Poder Legislativo emplaza al BCP a clarificar si actuó de forma preventiva mediante sus mecanismos de supervisión ante las señales de alerta del mercado, o si se limitó a postergar la intervención regulatoria a la espera de condenas firmes en la esfera penal.