El denominado FIFAGate, que derivó en investigaciones en Estados Unidos, Suiza y otros países, dejó condenas, decomisos de activos y recuperación de fondos para las organizaciones afectadas. Sin embargo, una de las causas paraguayas vinculadas con aquella trama continúa sin llegar siquiera a la audiencia preliminar. Se trata del caso “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”, en el que la Fiscalía acusó y pidió juicio oral para el presidente del banco Atlas y otros miembros de su directorio. La investigación está relacionada con operaciones vinculadas a fideicomisos constituidos en 2016, en el contexto de las investigaciones que alcanzaron al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
El punto crítico ya no está en la etapa investigativa del Ministerio Público. La causa permanece frenada por una cuestión procesal, una recusación presentada el 10 de abril de 2026 contra los integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. La incidencia fue remitida a la Sala Penal de la Corte Suprema y, cinco meses después continúa sin resolución. La Conmebol, constituida como víctima y querellante adhesiva, presentó incluso un urgimiento para que la máxima instancia judicial se pronuncie.
Mientras en países como Estados Unidos la investigación del Departamento de Justicia produjo condenas de altos dirigentes del fútbol, como Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol y dirigente paraguayo, quien fue condenado a nueve años de prisión y al que se le ordenó el decomiso de más de USD 3,3 millones, o Suiza, que reportó condenas y recuperación de activos vinculados con investigaciones sobre corrupción en el fútbol mundial, en Paraguay se sigue esperando que la Corte resuelva una recusación para que pueda continuar su recorrido.
El FIFAGate cambió la forma en que el mundo investigó la corrupción en el fútbol. En Paraguay, sin embargo, una parte de aquella historia todavía permanece abierta. La causa penal 06/2021 tiene una demora procesal a raíz de la indefinición de una recusación presentada ya en abril en contra de los miembros del Tribunal de Apelación compuesto por los camaristas Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.
La resolución que destraba dicho proceso ya tiene confirmados dos votos, la de los ministros César Diésel y Manuel Ramírez Candia, pero falta el voto del ministro Víctor Ríos que tiene el expediente en su despacho desde el 25 de agosto pasado.