El proyecto que busca ponerle freno al uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas y colegios ya tiene sanción automática y pasó al Poder Ejecutivo. Si el presidente Santiago Peña promulga la ley tal como está, la restricción no será solo para los alumnos, también alcanzará a los profes, directores y demás funcionarios, que deberán guardar sus celus durante las clases, pero también durante los recreos y descansos.
La medida alcanza a escuelas y colegios públicos, privados y subvencionados, desde el nivel inicial hasta la educación media.
Eso sí, la propuesta tiene algunas excepciones. El teléfono podrá utilizarse en situaciones de emergencia, peligro, necesidad o fuerza mayor, además de casos relacionados con estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o determinadas condiciones de salud.
También se permitirá el uso de celulares cuando tengan un fin pedagógico o didáctico, siempre bajo orientación y supervisión.
La norma no quedaría solamente en una recomendación. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) será el encargado de realizar controles e inspecciones para vichear que las instituciones cumplan con la disposición.
Para los docentes de instituciones públicas y subvencionadas también se contemplan sanciones, que podrían ir desde una suspensión sin goce de sueldo hasta el traslado, la separación del cargo e incluso la destitución, dependiendo del caso.
Uno de los puntos que más llama la atención es que el celular tampoco podrá utilizarse libremente durante el recreo o los descansos entre clases, salvo las excepciones establecidas por la propia ley.
La intención es que los estudiantes puedan desconectarse de las pantallas durante la jornada escolar y que el teléfono deje de ser una distracción permanente dentro de las aulas.
Ahora todo queda en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá decidir si promulga la ley tal como fue aprobada o plantea un veto parcial. Si esto último ocurre, el proyecto volverá al Congreso para que diputados y senadores definan qué partes quedan vigentes.