Una nueva propuesta busca reforzar la protección de las mujeres que sufren violencia en Paraguay, mediante el uso de tecnología, vigilancia electrónica de los agresores y garantías laborales para las víctimas.
El proyecto fue presentado por los diputados colorados Saúl González, de Central, y Santiago Benítez, de Amambay, y plantea modificar la Ley de protección integral a las mujeres.
La iniciativa apunta a prevenir casos de feminicidio y permitir una respuesta más rápida de las instituciones ante situaciones de peligro.
Uno de los puntos más llamativos es la creación del Sistema Nacional de Monitoreo Integral e Interoperabilidad para la Prevención y Protección contra la Violencia, denominado VIO-PY.
Este sistema, inspirado en el modelo utilizado en España, permitirá reunir información sobre denuncias, antecedentes de los agresores y medidas de protección vigentes.
Además, cuando se determine que una mujer corre un riesgo medio, alto o extremo de sufrir violencia letal, el juez deberá ordenar el uso de dispositivos de geolocalización o tobilleras electrónicas para controlar al denunciado. La Policía Nacional será responsable del seguimiento de las señales.
La propuesta también contempla proteger el puesto de trabajo de las mujeres víctimas de violencia y de sobrevivientes de intentos de feminicidio. La reserva laboral podría extenderse hasta seis meses, con posibilidad de prórroga judicial, y se prohibiría el despido por motivos relacionados con la situación de violencia.
Otro punto importante es que las víctimas podrán acceder a asistencia jurídica gratuita, especializada e inmediata a través del Ministerio de la Defensa Pública, desde la primera denuncia y sin tener que demostrar previamente que no cuentan con recursos económicos.
El proyecto también plantea castigar penalmente el acoso y el hostigamiento sistemático contra parejas o exparejas, con penas de uno a cuatro años de prisión.