Ciudad del Este. Agencia Regional. Comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tras su visita a esta zona del país, encontraron un nivel de hacinamiento crítico en la Penitenciaría Regional.

Según se dio a conocer, en tres meses, el número de internos creció hasta casi alcanzar los límites que, seis meses atrás, llevaron a la clausura del penal. Cuando eso, por el impedimento de recibir nuevos internos, los presos permanecían en calabozos de la Policía, lo que se prestó a “coimeadas”.

Luego de varios meses de haber entregado recomendaciones para mejorar las condiciones en que se encontraban recluidas las personas en hogares de niños, el Centro Educativo Para Menores Infractores, el Correccional de Mujeres Juana María de Lara y la Penitenciaría Regional, comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recorrieron esta semana las citadas instituciones, además de reunirse con magistrados y fiscales.

En aquel entonces, con más de 1.400 internos, en un penal con capacidad para un máximo de 600 personas, el MNP había recomendado que la Penitenciaría no reciba más internos hasta reducir su población.

Así se hizo hasta hace tres meses, pero ahora, nuevamente el nivel de hacinamiento es crítico.

El comisionado el MNP Roque Orrego, explicó que “a tres meses de que se abrieran las puertas, el grado de hacinamiento es crítico, casi al punto en que se encontraba cuando se recomendó el cierre”.

Además, Orrego dijo que recibió denuncias de que, cuando el acceso a nuevos internos estaba impedido en el penal y los presos permanecían en los calabozos de la Policía Nacional, esto se prestó a hechos de corrupción. Específicamente se habló de casos en los cuales policías habrían coimeado, cobrado dinero a cambio de no trasladar detenidos a otras cárceles del país.

El comisionado explicó que esta situación se da porque los jueces, temerosos del parecer de la sociedad y ante la presión que reciben, disponen prisiones en casos en los cuales los procesados podrían responder sus juicios en libertad.

“La gente tiene que entender que la seguridad de la sociedad no depende de la libertad o prisión de las personas procesadas. No depende del sistema penal, sino de políticas sociales. Es absurdo pedir que un juez penal brinde seguridad metiendo presa a la gente. Ese es un pensamiento mágico, absolutamente irreal”, dijo el abogado Roque Orrego.

Por su parte, en reunión con los miembros del MNP, los magistrados manifestaron las dificultades que tienen en otorgar libertades sin que se desate una tormenta de críticas, las cuales terminan siendo peligrosas para su continuidad en los cargos.

Según un estudio de la Dirección de Investigación del MNP, desde el año 2000, la cantidad de presos en Paraguay viene aumentando progresivamente. De 3.219 en el año 2000, se ha pasado a 11.832 en el año 2015.

Actualmente la Penitenciaría Regional alberga más de 1.000 internos y cuenta con sólo 11 guardiacárceles.

Informe: Mariana Ladaga, corresponsal del Grupo Nación de Comunicaciones en el Alto Paraná.