El Ministerio de Hacienda divulgó que el proyecto de ley “que modifica el artículo 255 de la Ley 216/93, Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo”, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, tiene como principal objetivo establecer una regla previsible para los ajustes salariales del sector privado, cuyo mecanismo vigente se encuentra totalmente desfasado.

Esta propuesta surge de la iniciativa de la Mesa de Diálogo establecida entre los sectores obrero, patronal y los representantes del Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social.

Es importante dejar en claro que esta propuesta de revisión del mecanismo de ajuste del salario mínimo no implica un ajuste anual automático. Lo que se establece es que cada año la comisión de salario mínimo, conformado por representantes del sector obrero, sector patronal y del Gobierno se reunirá y analizará las condiciones económicas y la inflación, y eventualmente propondrá o no un ajuste de salario mínimo.

Existen algunos sectores dentro del personal estatal que por carácter legal tienen atados sus salarios a la variación del salario mínimo, como es el caso de las fuerzas públicas. De tal forma, si el proyecto de ley se sanciona y promulga, de acuerdo a estimaciones preliminares, tendría un efecto en el presupuesto de entorno a los USD 50 millones.

Sin embargo, no justifica de ninguna manera un incremento salarial para todo el funcionariado público, ya que de acuerdo a los datos estadísticos el salario promedio del sector público ha crecido mucho más que el salario promedio del sector privado y por encima de la inflación en los últimos años.

Un incremento salarial indiscriminado para el sector público, tendría un costo fiscal cercano a los USD 200 millones en detrimento de otros programas presupuestarios y presionando a un mayor déficit fiscal.

Así mismo, sobre estos mismos datos se han calculado las variaciones acumuladas desde el 2004 hasta octubre de 2016, las cuales indicas que la inflación ha crecido 87%, el Salario Público Promedio creció 158% y el Salario Privado Promedio solo 54% en este periodo de tiempo.

La propuesta mantiene estable el salario real de los trabajadores afectados y permite a las empresas una mayor previsibilidad en la planificación de costos y proyectos de inversión, sobre todo en un escenario de inflación estable, como es el caso de nuestro país. Las empresas tendrían una visión más clara y precisa de los ajustes que deberán hacer anualmente a sus costos laborales, así como lo hacen con otras variables como el combustible, los servicios, los insumos, el tipo de cambio, las materias primas, alquileres, etc.